La Psicología Jurídica une el conocimiento científico del comportamiento humano con el ámbito del Derecho. Analiza cómo los procesos psicológicos influyen en las conductas que tienen implicaciones legales y ofrece asesoramiento técnico a jueces, abogados y otros profesionales del sistema judicial.
Esta especialidad abarca tanto la investigación y evaluación psicológica como la intervención y orientación en contextos legales, aportando una mirada profesional y objetiva sobre los aspectos emocionales, cognitivos y relacionales presentes en los conflictos judicializados.
Mi labor en este campo se centra en dos líneas de trabajo: la elaboración de informes periciales psicológicos y la mediación familiar y de pareja.
Realizo informes periciales psicológicos en los ámbitos civil, penal y de familia, con el objetivo de ofrecer al sistema judicial una evaluación rigurosa y fundamentada desde la Psicología Científica.
El informe pericial aporta una valoración profesional que ayuda a los tribunales y a las partes a comprender los factores psicológicos implicados en un caso. En ellos se pueden abordar, entre otros aspectos:
Valoración de la credibilidad del testimonio en casos de abuso, maltrato o violencia.
Evaluación del daño psicológico en víctimas de delitos o situaciones traumáticas.
Análisis de la idoneidad parental y del régimen de custodia o convivencia.
Valoración del acoso escolar o laboral o del impacto emocional en contextos de conflicto.
El trabajo pericial combina entrevistas clínicas, pruebas psicométricas validadas y un análisis integral del contexto, garantizando la imparcialidad, objetividad y rigor metodológico que requiere la práctica forense.
La mediación es un proceso voluntario, confidencial y cooperativo que permite a las personas resolver sus conflictos con la ayuda de una figura neutral e imparcial: la persona mediadora.
A través del diálogo, la escucha activa y la búsqueda de acuerdos, la mediación ofrece un espacio seguro y estructurado para que las partes puedan comprender sus diferencias, expresar sus necesidades y encontrar soluciones equilibradas y sostenibles.
La mediación no busca señalar culpables, sino reconstruir la comunicación, reducir el malestar emocional y restablecer relaciones más saludables.
Su ámbito de aplicación es amplio, abarcando desde conflictos familiares hasta desacuerdos vecinales, empresariales o de convivencia comunitaria.
En la convivencia familiar pueden surgir tensiones y desacuerdos que afectan la relación entre sus miembros.
La mediación familiar ofrece un espacio de comunicación y entendimiento donde las partes pueden abordar sus diferencias y alcanzar acuerdos justos y respetuosos para todas las personas implicadas.
Se aplica principalmente en:
Procesos de separación o divorcio.
Discrepancias sobre custodia, visitas o pensiones.
Conflictos entre padres, madres e hijos o entre hermanos.
Desacuerdos en empresas o herencias familiares.
La mediación familiar favorece la corresponsabilidad en la toma de decisiones, reduce la confrontación judicial y promueve el bienestar emocional de todos los miembros, especialmente de los niños, niñas y adolescentes.
La mediación civil y mercantil se utiliza para resolver conflictos entre particulares, empresas o entidades sin necesidad de acudir a la vía judicial.
Es un proceso ágil, económico y confidencial, en el que las personas implicadas, con la ayuda del mediador o mediadora, encuentran soluciones consensuadas que protegen sus intereses y mantienen las relaciones profesionales o comerciales.
Se aplica en situaciones como:
Desacuerdos contractuales o incumplimientos.
Conflictos entre comercios y consumidores.
Disputas en empresas familiares o entre socios.
Cuestiones hereditarias o de propiedad horizontal.
La mediación comunitaria se orienta a mejorar la convivencia y fortalecer las relaciones sociales entre personas o grupos que comparten un mismo entorno.
Permite abordar de manera constructiva los conflictos cotidianos que pueden alterar la armonía vecinal o ciudadana, buscando soluciones prácticas y acuerdos de respeto mutuo.
Se aplica habitualmente en:
Conflictos entre vecinos y vecinas.
Problemas de colindancia o espacios comunes.
Quejas por animales o ruidos.
Dificultades derivadas de la convivencia en comunidades.